Las Cortes se plantean: constituir un nuevo régimen político, para lo que se redacta la Constitución de 1812, y promover la transformación de la sociedad, para lo que publican un conjunto de leyes.


La Constitución de 1812 sienta las bases de constituciones posteriores. Es promulgada en Cádiz el 19 de Marzo de 1812, día de San José, por lo que se la conoce como “La Pepa”. Está compuesta de diez títulos y es la más extensa del constitucionalismo español, con 384 artículos. Los principios básicos son: soberanía nacional (artículo 3), división de poderes (artículos 15, 16 y 17) y nuevo sistema de representación, ya que los diputados no representaban a su estamento ni se limitaban a ser sus portavoces, sino que representaban a la nación; limitación del poder de la monarquía (artículo 172); monarquía constitucional (artículo 2); y derechos de los ciudadanos.

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 La Constitución española de 1812, también denominada La Pepa, fue promulgada por las Cortes Generales de España el 19 de marzo de 1812 en Cádiz. La importancia histórica de la misma es grande, al tratarse de la primera Constitución promulgada en España, además de ser una de las más liberales de su tiempo. Respecto al origen de su sobrenombre, la Pepa, fue promulgada el día de San José, de donde vendría el sobrenombre de Pepa.

Oficialmente estuvo en vigencia dos años, desde su promulgación hasta el 19 de marzo de 1814, con la vuelta a España de Fernando VII. Posteriormente estuvo vigente durante el Trienio Liberal (1820-1823), así como durante un breve período en 1836-1837, bajo el gobierno progresista que preparaba la Constitución de 1837. Sin embargo, apenas si entró en vigor de facto, puesto que en su período de gestación buena parte de España se encontraba en manos del gobierno pro-francés de José I de España, el resto en mano de juntas interinas más preocupadas en organizar su oposición a José I, y el resto de los territorios de la corona española (los virreinatos) se hallaban en un estado de confusión y vacío de poder causado por la invasión napoleónica.

La constitución establecía el sufragio universal masculino indirecto, la soberanía nacional, la monarquía constitucional, la separación de poderes,[1] [2] la libertad de imprenta, acordaba el reparto de tierras y la libertad de industria, entre otras cosas.